Eco-Fiscalidad y Reforma Tributaria Ambiental
Fiscalidad medioambiental: una visión general de sus desafíos
Eco-Fiscalidad y Reforma Tributaria Ambiental
A continuación se examinará el significado.
¿Cómo se define? Concepto de Impuesto Ecológico
Nota: Véase la definición de impuesto ecológico en el diccionario.
Definición de Ecotasa o Impuesto Ecológico
Existen diferentes tipos de ecotasas. Algunos se centran en las emisiones molestas y contaminantes generadas por determinadas actividades (impuesto sobre el ruido, contaminación del agua, etc.). Otros se refieren a productos cuyo consumo tiene un impacto en el medio ambiente (impuesto sobre los carburantes, por ejemplo). Otros corresponden a un servicio prestado a los ciudadanos (recogida de residuos domésticos, acceso al agua potable). Por último, algunos tienen como único objetivo generar ingresos fiscales (timbres fiscales en las tarjetas de pesca, por ejemplo).
Contaminación del agua
Cuando el importe del impuesto se destina a un fin medioambiental específico - por ejemplo, para financiar la depuración del agua - se habla de tasa. Hay que recordar que la norma vigente en materia fiscal es que las sumas recaudadas no se asignan; son los representantes del pueblo los que deciden cómo se asignan. Esta desconexión permite evitar la expresión de comportamientos estratégicos con respecto a determinadas funciones del Estado o al suministro de ciertos bienes o servicios colectivos (los ciudadanos rechazan, por ejemplo, que sus impuestos se utilicen para financiar una partida presupuestaria determinada).
Por extensión, al tratar de los impuestos ecológicos, también debemos tener en cuenta el impacto que toda fiscalidad puede tener sobre el medio ambiente, se califiquen o no de medioambientales los impuestos en cuestión. A menudo, de hecho, la denominación "ecotasa" no es más que una declaración política o una reclasificación de sistemas que no se diseñaron originalmente con este objetivo. También hay que tener en cuenta que todos los impuestos tienen un impacto medioambiental, aunque sea indirecto, por su influencia en el sistema económico. Pensemos, por ejemplo, en el sistema impositivo francés que favorece a los motores diesel, lo que ha propiciado el crecimiento de un tipo concreto de automóvil, responsable de la producción de partículas finas y de cierta contaminación urbana grave. Por tanto, es potencialmente todo el sistema de precios y actividades económicas el que se ve afectado por la cuestión de las ecotasas.
Impuesto Ecológico
El impuesto medioambiental, ecológico, o ecotasa, es uno de los principales instrumentos de la política medioambiental. Englobando varios tipos de impuestos, se utiliza en el contexto del "principio de quien contamina paga", que tiene su origen en los trabajos del economista liberal inglés Arthur Cecil Pigou (1877-1959). El objetivo de este principio es garantizar que los agentes económicos incluyan en sus cálculos los costes de los daños medioambientales que causan a la comunidad. En la práctica, esto significa aumentar el precio de determinados bienes o servicios para desincentivar comportamientos o actividades que tengan un impacto negativo en el medio ambiente. A pesar de la larga historia de este tipo de sistemas, la aplicación de impuestos medioambientales sigue encontrando dificultades técnicas y de aceptación social, como vimos en Francia en 2013 y 2014 con la ecotasa sobre los vehículos pesados.
Los objetivos de la ecotasa
Aunque el objetivo primordial de un sistema fiscal es recaudar dinero para el Estado o para los organismos que financian los gastos de interés general, la teoría económica sugiere que las ecotasas desempeñan un papel crucial a la hora de reconocer y hacer frente a los daños que los agentes económicos infligen al medio ambiente. Retomando las propuestas de Arthur Cecil Pigou, que ya contemplaba esta perspectiva en la década de 1920, los economistas subrayan que la mayor parte de las relaciones sociales que nuestras sociedades mantienen con el medio ambiente tienen lugar fuera de un marco de mercado (lo que describen como "efectos externos"); esto se traduce en la ausencia de un precio asociado a los daños medioambientales. Como consecuencia, los agentes económicos toman decisiones de producción y consumo sin tener en cuenta su impacto en el medio ambiente. Para paliar este problema, los economistas recomiendan el uso de una ecotasa, que es, ante todo, un precio que se envía a los agentes económicos informándoles de la escasez de un recurso o del daño causado a un entorno natural.
Esta información entra en los cálculos y las decisiones de los agentes económicos: si el precio es lo suficientemente alto, les incitará a modificar su comportamiento para reducir su impacto sobre el medio ambiente. La ecotasa también representa una transferencia monetaria entre la persona que paga el impuesto y el organismo o autoridad pública que lo recauda, lo que le permite completar su presupuesto y, posiblemente, dedicar una mayor proporción de sus gastos a la protección del medio ambiente (por ejemplo, financiando las infraestructuras de transporte público mediante impuestos aplicados a los vehículos pesados de transporte de mercancías).
Contaminación atmosférica industrial
En la práctica, el cálculo de esta ecotasa, que se supone debe compensar la diferencia entre el coste privado para el contaminador y el coste de la contaminación para el conjunto de la sociedad, se complica por la falta de información de que dispone el regulador público. En primer lugar, identificar el impacto medioambiental asociado a la actividad de un agente económico concreto no es tarea fácil; en muchos casos, son las múltiples acciones de una multitud de agentes las que causan problemas medioambientales. En segundo lugar, traducir este impacto en forma monetaria para determinar su coste social plantea otros problemas metodológicos y empíricos formidables, sobre todo para todos aquellos elementos que no suelen ser objeto de un intercambio de mercado. Por último, los agentes privados se cuidan de no divulgar información sobre su actividad económica, sus costes de producción, su rentabilidad, etc. a las autoridades públicas o a sus competidores.
Puede verse también la información relativa a:
Los dos instrumentos de política medioambiental, la ecotasa y el sistema de permisos negociables, suelen contraponerse. Utilizar una ecotasa equivale a intentar regular el comportamiento de los agentes económicos a través de los precios, permaneciendo la incertidumbre sobre la cantidad de contaminantes que se generarán realmente. Por el contrario, el sistema de permisos negociables fija la cantidad de contaminantes emitidos, repartiéndola entre los agentes en otras tantas autorizaciones para contaminar, siendo entonces la incertidumbre relativa al precio de estos permisos, que se fijará en función de la oferta y la demanda de los mismos. Otra forma de contrastar estos dos instrumentos es considerar la regulación por precios (la ecotasa) o por derechos de propiedad (los permisos negociables) - o, como mínimo, por derechos de uso del medio ambiente ("derechos a contaminar", como se les llama a veces).
Sin embargo, hay que tener en cuenta que detrás de un sistema fiscal también se esconden cuestiones de derechos de propiedad: si las autoridades públicas están legitimadas para recaudar impuestos es porque defienden bienes o servicios que pertenecen a la colectividad. Del mismo modo, pagar una ecotasa legitima el acto de contaminar. Puede compararse a la compra de un derecho de uso del medio ambiente.
Perspectivas históricas de las ecotasas
Las ecotasas no son instrumentos nuevos. En Francia, el impuesto sobre la recogida de basuras se introdujo en 1926 y el impuesto nacional sobre los productos petrolíferos en 1928. Sin embargo, se produjo un gran desarrollo con la aplicación de la primera generación de políticas medioambientales en los años sesenta y principios de los setenta. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) utilizó la expresión "principio de quien contamina paga" para justificar el uso de estos nuevos impuestos ecológicos. La ley del agua aprobada en Francia en 1964 se considera una de las primeras aplicaciones de este principio, mediante la introducción de tasas por el suministro de agua potable y el vertido de sustancias contaminantes.
Una primera lectura -económica- de este principio se centra únicamente en el aspecto "precio" del impuesto. La empresa responsable del impuesto podrá repercutirlo al consumidor. Una segunda interpretación -jurídica- hace hincapié en la responsabilidad civil del contaminador. En determinados casos, el contaminador podrá ser condenado a pagar una indemnización por los daños causados al medio ambiente. Este "principio de quien contamina paga" está consagrado desde 2005 en la Carta del Medio Ambiente, parte integrante de la Constitución francesa.
A partir de los años 90, a medida que el neoliberalismo fue ganando terreno, y luego a finales de los 2000 con la crisis de la deuda pública, surgió un nuevo desafío, con la idea de una gran reforma fiscal a aplicar en los países de la OCDE, en la que la fiscalidad medioambiental desempeñaría un papel central. La idea consiste en recortar los impuestos o las cotizaciones sociales sobre el trabajo o el capital, y compensar estos recortes con un aumento de los impuestos medioambientales. Esta reforma fiscal pretende lograr lo que los economistas denominan un "doble dividendo", lo que implica que las economías ganarían en ambos aspectos, con un perfil medioambiental más sostenible y un mayor dinamismo productivo (aunque, como reconoce la OCDE, no existe una correlación estable entre los niveles impositivos y la creación de empleo...).
La recurrencia de las crisis energéticas -incluida la registrada desde mediados de la década de 2000- y el reconocimiento del problema del cambio climático han impulsado una tercera fase de reflexión sobre la fiscalidad medioambiental. Hasta principios de los años 90, los economistas eran partidarios de una ecotasa basada en las emisiones de dióxido de carbono(CO2) o en el consumo de energía. Estados Unidos y los industriales, que se oponían a la idea, presionaron en las negociaciones internacionales sobre el clima para que se adoptara un sistema de permisos de emisión deCO2, lo que se hizo en 1997 con la firma del Protocolo de Kyōto.
Pero las dificultades encontradas para aplicar este sistema, como demuestra el mercado europeo puesto en marcha en 2005 (con un precio de los permisos muy bajo), han hecho resurgir las ideas de un impuesto, por ejemplo acoplándolo al sistema de permisos de emisión o reservando este último a los sectores de alto consumo energético, aplicando impuestos al resto de la economía. Al mismo tiempo, también se han introducido políticas nacionales de impuestos sobre el carbono (en Escandinavia y el Reino Unido, por ejemplo, desde la década de 1990), o se están estudiando. En Francia, el gobierno de Fillon propuso un primer proyecto de impuesto sobre el carbono en 2009, pero fue abortado. El Comité para la Fiscalidad Ecológica, creado en diciembre de 2012, hizo nuevas propuestas para un impuesto sobre el carbono en 2013, acompañado de medidas compensatorias para determinados sectores industriales.
Visualización Jerárquica de Impuesto Ecológico o Ambiental
Medio Ambiente > Política del medio ambiente > Política de medio ambiente > Instrumento económico medioambiental
Medio Ambiente > Políticas públicas > Lucha contra la contaminación > Principio de quien contamina paga
Problemas recurrentes con la ecotasa
A pesar de la larga historia de estos sistemas, pocos países pueden presumir hoy en día de un sistema de ecotasa realmente eficaz. Francia está muy lejos de ello: su sistema fiscal medioambiental está muy por detrás del de otros países de la OCDE.
En la mayoría de los casos, ha sido la necesidad de encontrar nuevos ingresos presupuestarios el factor determinante a la hora de introducir ecotasas y calcular su cuantía. Un tipo impositivo bajo y una base imponible lo más amplia posible garantizan unos ingresos fiscales sustanciales, pero al mismo tiempo anulan el aspecto incentivador de la ecotasa.
Manifestación contra la ecotasa
Otro problema, que amplía el punto anterior, es la aceptabilidad social de las ecotasas. En 2013 y 2014, en Bretaña, grupos de manifestantes atacaron los pórticos instalados en la red de carreteras para recoger datos con vistas a gravar a los vehículos pesados. Estos movimientos espectaculares, que sin duda tienen otros motivos que la simple oposición a la fiscalidad medioambiental, no son más que un avatar de una oposición más profunda que se manifiesta regularmente durante los debates sobre la justificación y los métodos de introducción de impuestos y tasas medioambientales.
Algunos ejemplos son los numerosos recursos contra los cánones sobre el agua, la oposición de los empresarios franceses a una propuesta de impuesto sobre el carbono a principios de la década de 1990 y la censura de la contribución sobre el carbono por parte del Consejo Constitucional francés en 2010. Esto debe verse como una oposición a la intervención gubernamental en la esfera económica -un punto de vista defendido por los economistas liberales- unida a la oposición a la intervención gubernamental específicamente en el ámbito de la protección medioambiental. Esto ilustra la debilidad del apoyo político a las cuestiones medioambientales en Francia desde principios de la década de 1970, y a lo que se conoce como desarrollo sostenible desde la década de 1990.